La única póliza del programa que no protege a la empresa, sino a las personas que la dirigen, y frente a un riesgo que alcanza su patrimonio personal sin límite.
El seguro de D&O responde de las reclamaciones dirigidas contra administradores, consejeros y directivos por sus decisiones de gestión. Su particularidad es de quién protege el patrimonio: no el de la sociedad, sino el de la persona. El artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital hace responder a los administradores frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales por los daños que causen con actos contrarios a la ley, a los estatutos o a los deberes del cargo, y esa responsabilidad no tiene más límite que el patrimonio del administrador.
Hay dos detalles de esa norma que explican por qué la póliza existe. El primero es que la culpabilidad se presume, salvo prueba en contrario, cuando el acto es contrario a la ley o a los estatutos: la carga de probar que se actuó correctamente recae en el administrador. El segundo es que ni siquiera el respaldo de la junta general exonera. Una decisión aprobada por los socios sigue siendo, ante un acreedor, responsabilidad personal de quien la ejecutó.
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La responsabilidad de un administrador no nace del seguro, nace de la ley. El artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores responden frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo, siempre que haya intervenido dolo o culpa.
Y añade tres precisiones que conviene leer despacio. La culpabilidad se presume, salvo prueba en contrario, cuando el acto es contrario a la ley o a los estatutos. El acuerdo de la junta general no exonera en ningún caso. Y la responsabilidad alcanza también al administrador de hecho: a quien ejerce las funciones sin título, con título nulo o extinguido, y a aquel bajo cuyas instrucciones actúan los administradores formales.
En esta línea la póliza opera casi siempre por reclamación, no por ocurrencia: lo que activa la cobertura es cuándo se reclama, no cuándo se tomó la decisión. Eso convierte dos fechas del condicionado en el parámetro más importante del contrato, por encima del límite.
La primera es la retroactividad: hasta dónde hacia atrás alcanza la cobertura. La segunda es el periodo de descubrimiento posterior: cuánto tiempo después de terminar el contrato se siguen admitiendo reclamaciones por hechos de su vigencia.
El artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro admite las dos formas de delimitarlo, con un suelo en cada una —cobertura posterior no inferior a un año, o retroactividad de al menos un año— y las califica expresamente de cláusulas limitativas conforme al artículo 3. Eso no es una sutileza jurídica: significa que deben destacarse de modo especial y ser aceptadas específicamente por escrito, y que una delimitación temporal escondida en el articulado es discutible.
El momento de mayor riesgo es el cambio de aseguradora. Si la póliza nueva arranca con una retroactividad más corta que la antigüedad real del cargo, se abre un hueco por el que se cuela precisamente lo que aún no ha prescrito: la acción de responsabilidad prescribe a los cuatro años.
Como correduría inscrita en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave J0140, New Brokers trabaja por mandato del cliente, no por cuenta de ninguna aseguradora.
En D&O eso importa por un motivo que rara vez se menciona al contratar: el asegurado y el tomador no son la misma persona. La sociedad paga la prima, pero quien tiene el patrimonio en juego es el administrador, y sus intereses no siempre coinciden con los de la empresa —de forma muy visible en un concurso—. Negociar el condicionado mirando a quién protege de verdad cada tramo, y no solo el precio, es la diferencia entre una póliza que responde y una que se discute.
Responde directamente al administrador cuando la sociedad no puede indemnizarle, típicamente por insolvencia o por prohibición legal. Es el tramo que de verdad protege a la persona.
Devuelve a la empresa lo que haya adelantado para defender o indemnizar a sus administradores, cuando estatutariamente puede y decide hacerlo.
Cubre a la entidad por reclamaciones de valores, habitual en sociedades cotizadas o con emisiones en mercado. En sociedades no cotizadas suele contratarse con alcance restringido.
El coste de abogado y procurador desde la primera actuación, incluidos los procedimientos penales que se sigan contra el administrador por hechos relacionados con su gestión.
Las fianzas civiles y penales que exija el juzgado para asegurar responsabilidades o eludir medidas cautelares personales.
La acción social de responsabilidad, ejercida por la sociedad o subsidiariamente por la minoría, y la acción individual de socios o terceros perjudicados directamente.
Las derivadas de la calificación del concurso y de la responsabilidad por deudas, que es la vía por la que más reclamaciones llegan a un administrador de sociedad no cotizada.
Los procedimientos sancionadores y de derivación de responsabilidad, incluida la tributaria y la de Seguridad Social, en la medida en que sean legalmente asegurables.
Las demandas por prácticas indebidas de empleo dirigidas contra directivos: discriminación, acoso o despido improcedente imputado a su decisión personal.
El amparo a administradores de sociedades participadas y a quienes se incorporan durante la vigencia, cuya inclusión conviene dejar automática en el condicionado.
| Concepto | Régimen legal |
|---|---|
| Prescripción de la acción (art. 241 bis LSC) | 4 años desde que pudo ejercitarse |
| Presunción de culpa (art. 236.1 LSC) | Si el acto es contrario a la ley o a los estatutos |
| Acuerdo de la junta general (art. 236.2 LSC) | No exonera en ningún caso |
| Cobertura posterior en claims made (art. 73 LCS) | No inferior a un año |
| Retroactividad en claims made (art. 73 LCS) | Al menos un año antes del contrato |
Esta tabla recoge el régimen que fijan la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Contrato de Seguro, no las condiciones de una póliza concreta. Que las cláusulas de delimitación temporal sean limitativas significa que deben destacarse de modo especial y ser específicamente aceptadas por escrito. Los límites, sublímites y franquicias del contrato se rigen en todo caso por sus condiciones particulares.
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Acceder al área de clientesLas exclusiones de una póliza de D&O separan la decisión equivocada, que es asegurable, del acto deliberado, que no puede serlo.
El dolo, el fraude y el enriquecimiento personal ilícito, una vez declarados por sentencia firme. Hasta ese momento la póliza suele adelantar los gastos de defensa, con obligación de reintegro.
Las reclamaciones anteriores o circunstancias ya conocidas al contratar y no declaradas en el cuestionario.
Las multas y sanciones de carácter penal, y aquellas que la jurisdicción aplicable declare no asegurables.
El daño corporal y el daño material, que corresponden a la póliza de responsabilidad civil general, no a la de administradores.
El perjuicio económico causado a un cliente por un error en la prestación del servicio, que es terreno de la RC profesional.
Las reclamaciones entre asegurados, salvo las expresamente admitidas, como la acción social o las derivadas de un procedimiento concursal.
La retribución del propio administrador y las reclamaciones por su contrato de trabajo o de alta dirección.
Los hechos ocurridos antes de la fecha de retroactividad pactada, que es el parámetro que más conviene revisar al cambiar de aseguradora.
La empresa entra en concurso y la administración concursal o los acreedores sostienen que se agravó la insolvencia, que se retrasó la solicitud o que no se llevó contabilidad ordenada.
Qué implica
Es la vía por la que más reclamaciones llegan a un administrador de sociedad no cotizada. Sin D&O, los gastos de defensa salen del bolsillo del administrador desde el primer día, con la sociedad ya sin patrimonio para adelantárselos: exactamente el supuesto para el que existe la garantía Side A.
La Administración imputa al administrador deudas de la sociedad por no haber realizado los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o por haber consentido su incumplimiento.
Qué implica
El procedimiento es administrativo antes que judicial y su coste de defensa empieza a correr enseguida. La asegurabilidad de la deuda derivada depende de su naturaleza y de la jurisdicción; la de los gastos de defensa, no.
Una inversión, una adquisición o un cierre de línea que los socios consideran a posteriori un error de gestión, y sobre el que se ejercita la acción social de responsabilidad.
Qué implica
El artículo 226 protege la discrecionalidad empresarial si se actuó de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y siguiendo un procedimiento de decisión adecuado. Acreditar esas cuatro condiciones exige documentación y defensa técnica, y ese coste es el que cubre la póliza aunque la reclamación acabe desestimándose.
Identificamos quién está expuesto: consejo, administradores solidarios o mancomunados, apoderados con facultades de alta dirección y administradores de sociedades participadas. La ley alcanza también a quien administra de hecho, sin título.
Revisamos estructura societaria, situación patrimonial, endeudamiento, operaciones vinculadas y planes de inversión o desinversión. El riesgo de D&O crece con la tensión financiera, no con el tamaño.
Comparamos límite, sublímites por asegurado y, sobre todo, fecha de retroactividad y periodo de descubrimiento posterior. En claims made, esas dos fechas deciden más siniestros que el límite.
Emitimos la póliza, verificamos que la notificación de circunstancias esté bien pautada y le representamos ante la aseguradora desde la primera reclamación, que en D&O suele llegar como una carta y no como una demanda.
El error en la prestación de un servicio a un cliente es de la RC profesional; la decisión de gestión que perjudica a la sociedad o a sus acreedores es de D&O. La frontera hay que dejarla escrita.
El daño corporal y material a terceros queda fuera del D&O y corresponde a la póliza de responsabilidad civil de la sociedad.
Un incidente grave puede derivar en reclamaciones personales contra administradores por falta de diligencia en la supervisión de la seguridad.
El incumplimiento ambiental genera responsabilidad de la sociedad y, en paralelo, posible responsabilidad personal de quienes debían supervisarlo.
La insolvencia que dispara la reclamación contra el administrador suele venir precedida de impagos que el seguro de crédito habría amortiguado.
No existe una obligación legal general de contratarlo. Lo que sí existe es la responsabilidad que cubre: el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital hace responder a los administradores frente a la sociedad, los socios y los acreedores con su patrimonio personal. En la práctica, se vuelve obligatorio por vía contractual cuando entra un inversor, un fondo o un socio institucional, que suele exigirlo como condición para incorporarse al consejo.
A la persona, principalmente. La garantía Side A responde directamente al administrador cuando la sociedad no puede indemnizarle, que es justo lo que ocurre en un concurso. La Side B reembolsa a la empresa lo que haya adelantado, y la Side C cubre a la propia sociedad por reclamaciones de valores, habitual solo en entidades cotizadas. Si hubiera que quedarse con un tramo, el que protege el patrimonio personal es el Side A.
Los gastos de defensa del procedimiento sí se cubren habitualmente. La deuda derivada en sí depende de su naturaleza y de lo que la jurisdicción aplicable considere asegurable: una sanción de carácter penal no lo es en ningún caso. Es una de las delimitaciones que más varía entre condicionados y conviene leerla antes de firmar, no después de recibir la notificación.
Que lo que activa la cobertura no es cuándo ocurrió el hecho, sino cuándo se reclama. El artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro admite dos variantes: extender la cobertura a reclamaciones posteriores al fin del contrato durante un periodo no inferior a un año, o limitarla a las reclamaciones hechas durante la vigencia siempre que cubra hechos ocurridos al menos un año antes. Ambas son cláusulas limitativas conforme al artículo 3, de modo que deben destacarse de forma especial y aceptarse específicamente por escrito.
Depende del periodo de descubrimiento posterior que tenga contratado la póliza y de la fecha de retroactividad de la que la sustituya. La acción de responsabilidad contra administradores prescribe a los cuatro años desde que pudo ejercitarse, así que la exposición sobrevive con holgura a la salida del cargo. Es la revisión más olvidada al cesar y la que conviene hacer antes de firmar la baja.
Las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios, la estructura societaria con sus participadas, la composición del órgano de administración, el detalle de operaciones vinculadas y financiación, y cualquier reclamación o circunstancia conocida que pueda derivar en una. Si dispone de póliza vigente, sus condiciones particulares y muy en concreto su fecha de retroactividad.
El seguro D&O no es un producto único: cambia con el tamaño y la estructura de la empresa. Le explicamos qué separa el mercado medio de los grandes riesgos y cómo dimensionar el límite.
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El seguro D&O protege el patrimonio personal de administradores y directivos frente a reclamaciones por su gestión. Le explicamos qué cubre, qué excluye y quién lo necesita.
Leer→Información orientativa, sin carácter vinculante. Las coberturas, límites y exclusiones se rigen en todo caso por las condiciones particulares de cada póliza. New Brokers Correduría de Seguros, S.L., inscrita en el registro de la DGSFP con la clave J0140.