La única línea en la que la ley no obliga a indemnizar, sino a reparar: devolver el medio a su estado anterior, cueste lo que cueste y con independencia de que alguien reclame.
La responsabilidad medioambiental funciona con una lógica distinta a la del resto del programa. En responsabilidad civil, alguien resulta dañado, reclama, y la póliza indemniza. Aquí el obligado es el operador y la obligación es de reparación: devolver los recursos naturales al estado en que estaban, aunque no haya un tercero perjudicado que reclame y aunque el coste supere con holgura el valor del terreno afectado.
La segunda diferencia es que existe una obligación legal de garantía financiera, no de seguro. El artículo 24 de la Ley 26/2007 obliga a los operadores de las actividades del Anexo III a disponer de una garantía que les permita hacer frente a esa responsabilidad, y esa garantía puede constituirse mediante póliza, aval o reserva técnica. La cuantía mínima la determina la autoridad competente según la intensidad y extensión del daño que la actividad pueda causar.
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La responsabilidad medioambiental no encaja en la lógica del resto del programa, y confundirlas es lo que deja a muchas empresas descubiertas. En responsabilidad civil hay un perjudicado que reclama y una aseguradora que indemniza. Aquí hay un operador obligado a reparar: a devolver los recursos naturales al estado en que estaban, con medidas primarias, complementarias y compensatorias, aunque nadie reclame nada.
Esa obligación no se mide por el valor del bien afectado sino por el coste de las obras necesarias para restituirlo, y es justamente la que las pólizas de responsabilidad civil general excluyen.
La Ley 26/2007, de responsabilidad medioambiental, establece en su artículo 24 que los operadores de las actividades incluidas en su Anexo III deben disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad. Esa garantía puede ser una póliza, un aval o una reserva técnica, y su cuantía mínima la determina la autoridad competente según la intensidad y extensión del daño que la actividad pueda causar.
El artículo 28 es el que conviene leer antes de cotizar nada, porque enumera las exenciones:
Comprobar en cuál de esos supuestos está la instalación es el primer trabajo, y con frecuencia cambia por completo la conversación.
El primero es la fecha de inicio del daño. En contaminación gradual casi nunca está clara, y de ella depende qué póliza responde. Sin cobertura de condiciones preexistentes ni estudio previo del emplazamiento, un hallazgo en una due diligence acaba negociándose en el precio de la operación.
El segundo es el alcance de la reparación. Muchas empresas asumen que la exposición es el valor del terreno, y no lo es: es el coste de las medidas de restitución, que puede multiplicarlo.
El tercero son los gastos de evitación. La ley obliga a adoptar medidas urgentes ante un daño inminente, antes incluso de que el daño exista. Ese desembolso es inmediato y no todas las pólizas lo cubren con la misma holgura.
Como correduría inscrita en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave J0140, New Brokers trabaja por mandato del cliente, no por cuenta de ninguna aseguradora.
En esta línea el trabajo empieza por una pregunta que no es de seguros: si la actividad está o no en el Anexo III y si le alcanza alguna exención. Resolverla bien evita contratar de más y, sobre todo, evita descubrir tarde una obligación que es autónoma y anterior a cualquier siniestro. A partir de ahí, es un mercado con capacidad limitada donde la información técnica que se lleva —caracterización del suelo, inventario de sustancias, distancia a cauces— pesa tanto como el riesgo en sí.
El coste de devolver los recursos naturales y los servicios que prestan a su estado básico, que es la obligación central que impone la ley.
Las medidas que se exigen cuando la reparación primaria no logra restituir del todo, o para compensar las pérdidas provisionales hasta que el medio se recupera.
El daño que se produce de forma paulatina y no por un hecho súbito. Es la exposición que la responsabilidad civil general excluye de forma expresa.
El vertido, la fuga o la emisión puntual, incluido el derivado de una avería o de un accidente en la operativa.
Las medidas urgentes para impedir que un daño inminente llegue a producirse, que la ley obliga a adoptar antes incluso de que exista daño.
El perjuicio a hábitats, especies y aguas incluidos en el ámbito de la norma, cuya reparación se valora con criterios técnicos y no de mercado.
Las reclamaciones de particulares por daños personales o materiales derivados del episodio contaminante, distintas de la obligación de reparar frente a la Administración.
El coste de intervenir en el expediente que abre la autoridad competente, que empieza mucho antes de que exista una reclamación civil.
Los estudios técnicos necesarios para acreditar el alcance, el origen y la fecha del daño, que en contaminación gradual es la partida más disputada.
La contaminación preexistente al inicio de la póliza, que solo se cubre si se contrata expresamente y tras estudio del emplazamiento.
| Concepto | Régimen legal |
|---|---|
| Garantía financiera obligatoria (art. 24.1) | Operadores de las actividades del Anexo III |
| Cuantía mínima garantizada (art. 24.2) | La fija la autoridad competente |
| Exención por daño potencial (art. 28.a) | Reparación evaluada en menos de 300.000 € |
| Exención con EMAS o ISO 14001 (art. 28.b) | Entre 300.000 y 2.000.000 € |
| Naturaleza de la obligación | Reparar el daño, no solo indemnizar |
Esta tabla recoge el régimen que fija la Ley 26/2007, de responsabilidad medioambiental, no las condiciones de una póliza concreta. La exención del artículo 28.b) exige acreditar mediante certificado de organismo independiente la adhesión permanente y continuada a EMAS o a la norma UNE-EN ISO 14001 vigente. El alcance de cada garantía se rige en todo caso por las condiciones particulares de cada póliza.
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Acceder al área de clientesEn esta línea las exclusiones giran alrededor de una pregunta difícil de responder años después: cuándo empezó exactamente la contaminación.
La contaminación anterior al inicio de la póliza, salvo que se contrate cobertura de condiciones preexistentes tras estudio del emplazamiento.
El incumplimiento deliberado de la autorización ambiental o de los límites de vertido y emisión autorizados.
Las multas y sanciones administrativas impuestas al operador, distintas del coste de reparar.
El daño derivado de instalaciones que operan sin la autorización ambiental exigible.
El coste de las mejoras y adaptaciones de la instalación que la autoridad imponga hacia el futuro, frente al de reparar el daño ya causado.
La pérdida de valor del terreno más allá del coste de su descontaminación.
El daño causado por residuos entregados a un gestor autorizado, una vez traspasada válidamente la titularidad.
Los daños derivados de actividades no declaradas o de sustancias distintas de las comunicadas al asegurador.
Una due diligence previa a la venta de una nave detecta hidrocarburos en el subsuelo. Nadie sabe si el vertido es de la actividad actual o de la anterior.
Qué implica
La fecha de inicio del daño decide qué póliza responde, si alguna. Sin cobertura de condiciones preexistentes y sin estudio previo del emplazamiento, el coste de descontaminación acaba negociándose en el precio de la operación, no con una aseguradora.
Una avería en un depósito provoca un vertido que alcanza un cauce, y la confederación hidrográfica abre expediente y exige medidas inmediatas.
Qué implica
Operan a la vez tres cosas: los gastos de evitación, que la ley obliga a adoptar de inmediato; la reparación del daño al recurso; y la defensa en el procedimiento administrativo. Solo la tercera se parece a un siniestro de responsabilidad civil clásico.
La empresa figura en el Anexo III de la ley y no ha constituido garantía financiera ni ha acreditado estar exenta.
Qué implica
El primer coste no es el del daño, es el del incumplimiento: la garantía es una obligación autónoma. Comprobar si la instalación está dentro del Anexo III, y si le alcanza alguna de las exenciones del artículo 28, es el paso previo a cualquier cotización.
Determinamos si la actividad figura en el Anexo III de la ley y si le alcanza alguna exención del artículo 28, empezando por el umbral de daño potencial y por las certificaciones EMAS o ISO 14001.
Revisamos la actividad presente y pasada del suelo, los estudios de caracterización disponibles y la proximidad a cauces, acuíferos y espacios protegidos, que es lo que dispara la valoración del daño.
Trabajamos sobre los escenarios de riesgo y los costes de reparación asociados, que es el método por el que se determina la cuantía, y comparamos condicionados en un mercado con capacidad limitada.
Emitimos la póliza, facilitamos la acreditación de la garantía ante la autoridad competente cuando procede, y actualizamos la cobertura si cambia la actividad o el emplazamiento.
Excluye la contaminación gradual y el daño ecológico, que es justamente lo que cubre esta póliza. Sin ella, ese tramo no lo asume nadie.
El daño a la propia instalación tras un incidente ambiental corresponde a la póliza de daños; el daño al medio, a esta.
El incumplimiento ambiental genera responsabilidad de la sociedad y, en paralelo, posible responsabilidad personal de quienes debían supervisarlo.
El hallazgo de suelo contaminado durante el movimiento de tierras puede detener una obra y no lo cubre el todo riesgo construcción.
Un vertido durante el transporte de mercancía peligrosa activa esta responsabilidad además de la del porteador.
La ley no obliga a contratar un seguro, obliga a disponer de una garantía financiera, y solo a los operadores de las actividades incluidas en el Anexo III de la Ley 26/2007. Esa garantía puede constituirse mediante póliza, aval o reserva técnica. Además, el artículo 28 establece exenciones: quedan fuera los operadores cuyas actividades puedan causar daños cuya reparación se evalúe en menos de 300.000 euros, y los que estén entre 300.000 y 2.000.000 de euros si acreditan mediante certificado de organismo independiente su adhesión permanente a EMAS o a la norma UNE-EN ISO 14001 vigente.
Solo en parte, y rara vez la parte que importa. Las pólizas de responsabilidad civil general suelen cubrir la contaminación accidental y súbita frente a terceros, pero excluyen la contaminación gradual y, sobre todo, la obligación de reparar el daño ecológico frente a la Administración. Esa obligación de reparación es la que puede alcanzar cifras desproporcionadas, y es exactamente lo que esta póliza cubre.
Es la clave de esta línea. Indemnizar es compensar económicamente a alguien que ha sufrido un daño y lo reclama. Reparar es devolver el recurso natural a su estado anterior, con medidas primarias, complementarias y compensatorias, con independencia de que haya un tercero perjudicado. Por eso el coste no lo marca el valor del bien afectado sino el de las obras necesarias para restituirlo.
El artículo 24.2 establece que la fija la autoridad competente según la intensidad y extensión del daño que la actividad del operador pueda causar, conforme al método que se determine reglamentariamente. Ese método se basa en escenarios de riesgo y en los costes de reparación asociados a cada uno, no en la facturación ni en el tamaño de la empresa.
Solo si se contrata expresamente la cobertura de condiciones preexistentes, y normalmente tras un estudio de caracterización del emplazamiento. Es la delimitación más delicada de esta línea, porque en contaminación gradual la fecha de inicio del daño rara vez está clara, y de ella depende qué póliza responde. Conviene resolverlo al contratar, no cuando aparece el informe del suelo.
La descripción de la actividad con su encaje o no en el Anexo III, la autorización ambiental si la tiene, el inventario de sustancias y depósitos, los estudios de caracterización del suelo disponibles, la proximidad a cauces y espacios protegidos, y las certificaciones EMAS o ISO 14001 si dispone de ellas, porque pueden dar derecho a exención.
La Ley 26/2007 impone a la empresa prevenir, evitar y reparar el daño ambiental. Analizamos el seguro de responsabilidad medioambiental, la garantía financiera obligatoria del Anexo III y las coberturas de contaminación gradual y accidental.
Leer→Información orientativa, sin carácter vinculante. Las coberturas, límites y exclusiones se rigen en todo caso por las condiciones particulares de cada póliza. New Brokers Correduría de Seguros, S.L., inscrita en el registro de la DGSFP con la clave J0140.