El único sector donde el seguro no es una decisión de gestión sino, en buena parte, un requisito para ejercer: la ley obliga a asegurarse a las sociedades profesionales y a varios colectivos concretos.
Un despacho no vende bienes, vende criterio. Su exposición principal no es que algo se rompa sino que una recomendación, un cálculo, un dictamen o una auditoría resulten equivocados y le cuesten dinero a quien confió en ellos. Ese daño es puramente económico y no viene acompañado de daño material, que es exactamente la categoría que las pólizas de responsabilidad civil general excluyen por definición.
La segunda particularidad es que aquí el aseguramiento es en buena medida obligatorio. La Ley de sociedades profesionales obliga a estipular seguro que cubra la responsabilidad del objeto social; la Ley de auditoría impone garantía financiera a auditores y sociedades de auditoría; y numerosas profesiones tienen exigencias propias por normativa sectorial o colegial. El programa se diseña, por tanto, contra una lista de obligaciones antes que contra un mapa de riesgos.
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En servicios profesionales el seguro no empieza siendo una decisión de gestión de riesgos: empieza siendo un requisito. Varias normas obligan a asegurarse, y el diseño del programa parte de esa lista antes que de un mapa de exposición.
La Ley 2/2007, de sociedades profesionales, obliga en su artículo 11.3 a estipular un seguro que cubra la responsabilidad en que la sociedad pueda incurrir en el ejercicio de su objeto social. Y su apartado 2 añade la regla que decide quién paga: de las deudas derivadas de los actos profesionales responden solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no, que hayan actuado.
La Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, impone en su artículo 27 una garantía financiera a auditores y sociedades de auditoría. Admite constituirla mediante depósito, deuda pública, aval bancario o seguro de responsabilidad civil o de caución, y su cuantía ha de ser proporcional al volumen de negocio. Es una obligación autónoma: existe con independencia de que ocurra nunca un siniestro.
Y la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo, incluye en su artículo 2 entre los sujetos obligados a auditores, contables externos y asesores fiscales, además de notarios y registradores, con deberes de diligencia, conservación y comunicación propios.
La póliza de esta línea opera casi siempre por reclamación. Lo que activa la cobertura no es cuándo se cometió el error sino cuándo lo reclaman, y entre ambos momentos pueden pasar años.
Por eso el momento de mayor riesgo no es un siniestro: es un cambio de aseguradora. Si la póliza nueva arranca con una retroactividad más corta que la antigüedad real de los encargos entregados, todo lo anterior queda sin cobertura justo mientras aún puede reclamarse. El artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro admite esa delimitación con un suelo de un año, y la califica de cláusula limitativa: debe destacarse de modo especial y aceptarse específicamente por escrito. El desarrollo completo está en la ficha de RC profesional.
La consecuencia práctica de la responsabilidad solidaria es que el reclamante elige contra qué patrimonio va. Que la póliza ampare nominalmente a socios y colaboradores, y no solo a la razón social, deja de ser un detalle del condicionado para convertirse en la diferencia entre que responda el seguro o responda una persona.
Como correduría inscrita en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave J0140, New Brokers trabaja por mandato del cliente, no por cuenta de ninguna aseguradora.
En este sector el trabajo se concentra en tres puntos que no se ven al comparar primas: delimitar con precisión la actividad asegurada —que cambia más deprisa que el condicionado—, empalmar la retroactividad con la póliza anterior, y comprobar que la cobertura alcanza a las personas además de a la sociedad. Los tres se resuelven antes de firmar; ninguno se arregla después.
El perjuicio económico que un fallo técnico causa al cliente. Es la exposición central del sector y la que la responsabilidad civil general deja fuera.
El reclamante puede dirigirse contra la sociedad y contra la persona que firmó el trabajo. Que la póliza ampare a ambos deja de ser un detalle.
Entre el error y la reclamación pueden pasar años, y en una póliza por reclamación responde —si responde— la vigente cuando esta llega, no la de entonces.
Los despachos concentran información sensible de muchas empresas a la vez, lo que los convierte en objetivo y multiplica el impacto de una brecha.
Auditores, contables externos, asesores fiscales, notarios y registradores figuran entre los sujetos obligados, con deberes de diligencia y comunicación propios.
Los procedimientos del colegio profesional preceden y a menudo condicionan la reclamación civil posterior, y tienen su propio coste de defensa.
Arquitectos, ingenieros y directores de obra responden además bajo el régimen específico de la edificación, con plazos de diez, tres y un año.
En despachos pequeños la salida de un socio arrastra cartera y expone a reclamaciones sobre trabajos que él firmó y que siguen vivos.
Las obligaciones que, en este sector, disparan la contratación de una cobertura concreta.
| Norma | Qué obliga |
|---|---|
| Ley 2/2007, de sociedades profesionales — Consultar la norma | Su artículo 11.3 obliga a las sociedades profesionales a estipular un seguro que cubra la responsabilidad en que puedan incurrir en el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social. Y su apartado 2 hace responder solidariamente de las deudas derivadas de actos profesionales a la sociedad y a los profesionales, socios o no, que hayan actuado. |
| Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas — Consultar la norma | Su artículo 27 obliga a los auditores de cuentas y a las sociedades de auditoría a prestar garantía financiera para responder de los daños que puedan causar. Puede constituirse mediante depósito, deuda pública, aval de entidad financiera o seguro de responsabilidad civil o de caución, y su cuantía es proporcional al volumen de negocio. |
| Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales — Consultar la norma | Su artículo 2 incluye entre los sujetos obligados a los auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales, así como a notarios y registradores, con deberes de diligencia debida, conservación documental y comunicación que van más allá del encargo profesional ordinario. |
| Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, art. 73 — Consultar la norma | Admite las cláusulas que delimitan temporalmente la cobertura, con un suelo de un año hacia delante o hacia atrás, y las califica expresamente de limitativas conforme al artículo 3: deben destacarse de modo especial y ser específicamente aceptadas por escrito. |
| Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, art. 17 — Consultar la norma | Hace responder a los agentes que intervienen en la edificación —proyectistas y directores de obra incluidos— durante diez años por daños estructurales, tres por habitabilidad y uno por acabados, contados desde la recepción de la obra. |
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Qué implica
El artículo 11.2 de la Ley 2/2007 los hace responder solidariamente de las deudas derivadas de actos profesionales. Si la póliza ampara solo a la razón social y no nominalmente a socios y colaboradores, la persona queda expuesta con su patrimonio.
El despacho cambia de compañía y la póliza nueva arranca con una retroactividad más corta que la antigüedad de los encargos ya entregados.
Qué implica
Todo lo entregado antes de esa fecha queda sin cobertura justo mientras aún puede reclamarse. Es el hueco más caro del sector y se cierra antes de firmar la baja de la póliza anterior, no después.
Una sociedad de auditoría no tiene constituida la garantía financiera que le exige la ley, o la tiene por una cuantía desfasada respecto a su volumen de negocio.
Qué implica
La garantía es una obligación autónoma, anterior a cualquier siniestro, y su cuantía debe ser proporcional al volumen de negocio. Puede instrumentarse por seguro de responsabilidad civil o de caución, lo que permite resolverla dentro del mismo programa.
Es la línea central del sector: responde del perjuicio económico que un error técnico causa al cliente, y es la que exige la Ley de sociedades profesionales.
La garantía financiera que la Ley de Auditoría impone admite expresamente seguro de caución, y los pliegos públicos exigen garantía definitiva.
Un despacho concentra información sensible de muchas empresas a la vez, lo que multiplica el impacto regulatorio y reputacional de una brecha.
La decisión de gestión sobre la propia firma es terreno del D&O, distinto del error técnico frente a un cliente.
Responde del daño corporal y material en las instalaciones del despacho, que la responsabilidad profesional no cubre.
En un sector donde el activo es el talento, la salud y la vida colectiva pesan más como herramienta de retención que como cobertura.
El núcleo es la responsabilidad civil profesional, que en las sociedades profesionales no es opcional: el artículo 11.3 de la Ley 2/2007 obliga a estipular seguro que cubra la responsabilidad del objeto social. A partir de ahí, ciberriesgo por la información de clientes que se custodia, D&O si hay órgano de administración, responsabilidad civil general por las instalaciones, y caución si se licita o si aplica una garantía financiera sectorial. El alcance de cada uno se rige por las condiciones particulares de cada póliza.
Los dos. El artículo 11.2 de la Ley 2/2007 establece que de las deudas derivadas de los actos profesionales propiamente dichos responden solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no, que hayan actuado. El reclamante puede dirigirse contra el patrimonio que prefiera, y por eso importa que la póliza ampare nominalmente a las personas además de a la razón social.
Su artículo 27 obliga a auditores de cuentas y sociedades de auditoría a prestar garantía financiera para responder de los daños que puedan causar en el ejercicio de su actividad. Puede constituirse mediante depósito en efectivo, títulos de deuda pública, aval de entidad financiera o seguro de responsabilidad civil o de caución, y su cuantía debe ser proporcional al volumen de negocio.
Sí. El artículo 2 de la Ley 10/2010 incluye entre los sujetos obligados a los auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales, junto a notarios y registradores. Eso conlleva deberes propios de diligencia debida, conservación documental y comunicación, que van más allá del encargo profesional ordinario y cuyo incumplimiento tiene su propio régimen sancionador.
Porque en este sector la póliza opera casi siempre por reclamación, no por ocurrencia: lo que activa la cobertura es cuándo se reclama, no cuándo se cometió el error, y entre ambos momentos pueden pasar años. El artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro admite delimitarlo con un suelo de un año hacia delante o hacia atrás, y califica esas cláusulas de limitativas, de modo que deben destacarse y aceptarse por escrito.
La descripción de los servicios y las titulaciones del equipo, la forma jurídica y si es sociedad profesional inscrita, la facturación por tipo de trabajo y por cliente, los contratos o pliegos que impongan límites mínimos, el histórico de reclamaciones y expedientes, y las pólizas vigentes con su fecha de retroactividad.
El seguro de RC profesional (E&O) cubre el perjuicio económico que un error u omisión causa a los clientes de una ingeniería, consultora o empresa de IT. Le explicamos su alcance y por qué es claims-made.
Leer→Información orientativa, sin carácter vinculante. Las coberturas, límites y exclusiones se rigen en todo caso por las condiciones particulares de cada póliza. New Brokers Correduría de Seguros, S.L., inscrita en el registro de la DGSFP con la clave J0140.