En breve. La Ley de Contrato de Seguro (Ley 50/1980) es imperativa: una póliza solo puede apartarse de ella en beneficio del asegurado (art. 2). La excepción son los grandes riesgos (art. 44), y una empresa entra en esa categoría, entre otros casos, al superar dos de tres umbrales: 6,6 millones de euros de activo, 13,6 millones de cifra de negocios o 250 empleados. La ley pone además deberes y plazos a cargo de la empresa: declarar el riesgo según el cuestionario, comunicar las agravaciones, avisar del siniestro en siete días y oponerse a la prórroga con un mes de antelación. Las acciones del contrato prescriben a los dos años en seguros de daños y a los cinco en seguros de personas. Y el perjudicado tiene acción directa contra la aseguradora de responsabilidad civil (art. 76).
La Ley de Contrato de Seguro (Ley 50/1980) cumplió 45 años en vigor el 17 de abril de 2026 y sigue siendo la norma que decide qué puede oponerle su aseguradora y qué no.
La lectura habitual de la ley del contrato de seguro es la del asegurador: qué cubre, qué excluye, cuánto paga. Pero la ley también fija deberes y plazos que corren contra el tomador. Y en la práctica, la mayoría de las coberturas que se pierden no se pierden por una exclusión, sino por un plazo o un deber que nadie gestionó dentro de la empresa.
¿Qué regula la Ley de Contrato de Seguro y a quién protege?
La ley define el contrato de seguro como aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer otras prestaciones si se produce el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura (art. 1).
Su rasgo decisivo está en el artículo 2: sus preceptos son imperativos, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Las cláusulas que sean más beneficiosas para el asegurado sí son válidas. Dicho de otro modo, el condicionado puede mejorar la ley, pero no empeorarla.
La excepción de los grandes riesgos
El artículo 44 excluye la aplicación del artículo 2 a los contratos por grandes riesgos, y el artículo 107.2 permite en ellos elegir libremente la ley aplicable. La definición está hoy en el artículo 11 de la Ley 20/2015:
- Transporte (mercancías, vehículos ferroviarios, aéreos y marítimos y su responsabilidad civil): gran riesgo por la letra a), sin umbrales.
- Crédito y caución: gran riesgo cuando el tomador y el asegurado ejercen profesionalmente una actividad industrial, comercial o liberal y el riesgo se refiere a ella (letra b). Es el caso habitual del seguro de caución, que la propia ley regula en su artículo 68 y cuyo funcionamiento explicamos en la ejecución del seguro de caución.
- Daños en los bienes, responsabilidad civil en general y pérdidas pecuniarias, entre otros ramos: gran riesgo si el tomador supera dos de estos tres límites: 6.600.000 euros de activo, 13.600.000 euros de cifra de negocios y 250 empleados de media (letra c). Si pertenece a un grupo que consolida cuentas, se toman las cifras consolidadas.
La consecuencia práctica es seria: en una gran cuenta, según los umbrales del tomador y de su grupo, el carácter imperativo del artículo 2 no aplica, y el condicionado puede apartarse de la ley también en perjuicio del asegurado. Cómo afecta eso a los requisitos del artículo 3 para las cláusulas limitativas es una cuestión interpretativa que conviene revisar póliza a póliza. Lo desarrollamos en las exclusiones habituales de una póliza de RC y al comparar las modalidades claims made y ocurrencia.
Antes de firmar: el deber de declarar el riesgo
El artículo 10 obliga al tomador a declarar, de acuerdo con el cuestionario que le someta el asegurador, todas las circunstancias que conozca y que puedan influir en la valoración del riesgo. Si no hay cuestionario, o la circunstancia no figura en él, el tomador queda exonerado de ese deber.
Si hay reserva o inexactitud, el asegurador puede rescindir el contrato en el plazo de un mes desde que la conoce. Si el siniestro llega antes, la prestación se reduce proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se habría aplicado conociendo la verdadera entidad del riesgo. Con dolo o culpa grave del tomador, el asegurador queda liberado del pago.
En una gran cuenta, el cuestionario de suscripción de un programa de D&O, ciberriesgo o responsabilidad civil es el documento que define el riesgo. Las preguntas importantes son internas: quién lo rellena, con qué información de las filiales y quién valida las respuestas antes de firmar. Una respuesta imprecisa sobre la facturación en el extranjero o sobre reclamaciones previas es el tipo de inexactitud que se discute después del siniestro, no antes.
Durante la vigencia: agravación, prima y renovación
Agravación del riesgo
El artículo 11 obliga a comunicar, tan pronto como sea posible, las alteraciones de lo declarado en el cuestionario que agraven el riesgo. Recibida la comunicación, el asegurador puede proponer una modificación del contrato en dos meses, y el tomador tiene quince días para aceptarla o rechazarla. El asegurador también puede rescindir el contrato, comunicándolo por escrito, en un mes desde que conoce la agravación (art. 12).
Si sobreviene un siniestro sin haber comunicado la agravación, el asegurador queda liberado si hubo mala fe; en otro caso, su prestación se reduce proporcionalmente. En una empresa, los supuestos típicos son una nueva planta, la entrada en Estados Unidos, un cambio de actividad o una adquisición.
La prima
Si la primera prima no se ha pagado antes del siniestro, el asegurador queda liberado, salvo pacto en contrario. En las primas sucesivas, la cobertura se suspende un mes después del vencimiento y el contrato se extingue si el asegurador no reclama en seis meses (art. 15). Por qué esto importa al pedir un certificado a un proveedor lo explicamos en cómo validar un certificado de seguro de RC.
Duración, prórroga y oposición
El artículo 22 limita la duración a diez años, con prórrogas de hasta un año. El tomador puede oponerse a la prórroga notificándolo por escrito con un mes de antelación al vencimiento; el asegurador, con dos meses. El asegurador debe comunicar además cualquier modificación del contrato con dos meses de antelación, y estos plazos deben destacarse en la póliza.
En un programa corporativo, ese mes es el margen real para salir al mercado. Si la negociación de la renovación arranca tarde, la empresa negocia con la prórroga ya consolidada.
¿Tiene controlados los plazos de oposición a la prórroga de su programa? Solicite una revisión de su programa.
¿Qué tiene que hacer la empresa cuando ocurre un siniestro?
Comunicarlo en siete días desde que lo conoce, salvo que la póliza fije un plazo mayor (art. 16). El incumplimiento no hace perder la cobertura: da derecho al asegurador a reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración. La empresa debe además informar de las circunstancias y consecuencias del siniestro, y solo pierde el derecho a la indemnización si incumple ese deber con dolo o culpa grave.
Aminorar las consecuencias (art. 17). Los gastos de salvamento corren a cargo del asegurador hasta el límite pactado (o, sin pacto, hasta la suma asegurada), aunque no hayan tenido resultado, siempre que no sean inoportunos ni desproporcionados a los bienes salvados.
Exigir el importe mínimo. El asegurador debe pagar, en cuarenta días desde la declaración, el importe mínimo de lo que pueda deber según las circunstancias que conozca (art. 18).
Si no ha pagado en tres meses desde el siniestro (o el importe mínimo en esos cuarenta días), entra en mora y el artículo 20 le impone el interés legal incrementado en un 50 %, y no menos del 20 % anual pasados dos años desde el siniestro. Lo detallamos en cuándo el asegurador se retrasa.
En los seguros de daños, el artículo 38 añade un deber más: presentar en cinco días desde el aviso la relación de objetos y la estimación de los daños, y regula el procedimiento de peritos si no hay acuerdo.
Cláusulas limitativas: lo que el artículo 3 exige
Las cláusulas que limitan los derechos del asegurado deben destacarse de modo especial y ser aceptadas específicamente por escrito. La diferencia con una cláusula delimitadora, que define el riesgo cubierto, decide muchas disputas: la limitativa sin esos requisitos no se puede oponer.
La propia ley califica de limitativas las cláusulas de delimitación temporal del artículo 73, las de la modalidad claims made. No repetimos aquí lo que ya está explicado: vea las cláusulas limitativas y delimitadoras, la elección entre claims made u ocurrencia y cómo se leen los límites, sublímites y franquicia de una póliza.
¿Puede el perjudicado reclamar directamente a la aseguradora?
Sí. El artículo 76 concede al perjudicado o a sus herederos acción directa contra el asegurador de responsabilidad civil. Es la pieza que hace del seguro de responsabilidad civil para empresas una garantía también para el tercero.
La acción directa es inmune a las excepciones que el asegurador tenga frente a su asegurado: una agravación no comunicada o una declaración inexacta en el cuestionario, por ejemplo, no le sirven para negarse a pagar al perjudicado. Sí puede oponerle la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra él. El asegurado, por su parte, está obligado a revelar al perjudicado la existencia de la póliza y su contenido.
La consecuencia para la empresa es menos cómoda de lo que parece. La aseguradora paga al tercero y, si el daño se debió a conducta dolosa del asegurado, puede repetir contra él. Un incumplimiento de sus deberes como asegurado no deja, por regla general, sin cobrar al perjudicado, pero puede acabar volviéndose contra la empresa.
Lo que sí es oponible al tercero, como el límite pactado (art. 27), está en la sección «¿Qué le pueden oponer a un tercero perjudicado?» de nuestra guía de límites y sublímites.
Revisamos su condicionado y su calendario de plazos antes del siguiente vencimiento. Hable con nosotros.
¿Cuándo prescriben las reclamaciones de un seguro?
El artículo 23 fija el plazo de las acciones que nacen del contrato: dos años en los seguros de daños, que incluyen la responsabilidad civil, y cinco años en los seguros de personas. Es el plazo entre las partes: el de la empresa asegurada frente a su aseguradora.
La acción directa del perjudicado es otra cosa. Según la jurisprudencia mayoritaria, su plazo se vincula al de la acción del perjudicado contra el responsable, y no al del artículo 23. Ese plazo depende del tipo de responsabilidad y del derecho aplicable: en el Código Civil, un año para la extracontractual (art. 1968.2) y cinco años para las acciones personales sin plazo especial (art. 1964.2); en el Código civil de Cataluña, tres años para la extracontractual (art. 121-21.d) y diez como plazo general (art. 121-20). La distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual es, por eso, decisiva.
Son plazos generales: el cómputo y su interrupción dependen de cada caso.
Los plazos de la ley en una tabla
| Plazo | Qué | Artículo |
|---|---|---|
| 1 mes | Rescisión por reserva o inexactitud en la declaración | 10 |
| 2 meses / 15 días / 1 mes | Propuesta de modificación por agravación / respuesta del tomador / rescisión | 12 |
| 1 mes | Suspensión de cobertura por impago de prima sucesiva | 15 |
| 6 meses | Extinción si el asegurador no reclama la prima | 15 |
| 7 días | Comunicación del siniestro (salvo plazo mayor en póliza) | 16 |
| 40 días | Pago del importe mínimo | 18 |
| 3 meses | Mora del asegurador desde el siniestro | 20 |
| 1 mes / 2 meses | Oposición a la prórroga (tomador / asegurador) | 22 |
| 2 meses | Aviso de modificaciones antes del vencimiento | 22 |
| 5 días | Relación de objetos y estimación de daños tras el aviso (seguro de daños) | 38 |
| 2 años / 5 años | Prescripción (daños / personas) | 23 |
A estos plazos se suman reglas sin fecha que conviene tener presentes, como la regla proporcional del infraseguro (art. 30), que puede excluirse por pacto.
El papel de una correduría independiente
Casi todos los plazos de la tabla corren contra la empresa, y ninguno se gestiona solo. Como correduría independiente inscrita en el registro de la DGSFP con la clave J0140, trabajamos por mandato del cliente, no de la aseguradora: preparamos con usted el cuestionario de suscripción, llevamos el calendario de prórrogas y avisos, comunicamos el siniestro en plazo y defendemos su posición frente a la aseguradora cuando hay discrepancia.
Si quiere situar estas reglas en el mapa completo, en tipos de responsabilidad civil de una empresa explicamos cómo encajan las distintas modalidades.
Preguntas frecuentes
¿Sigue vigente la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro? Sí. Su texto consolidado está publicado en el BOE, con última actualización publicada el 03/10/2026. Entre sus últimas modificaciones están el Real Decreto-ley 5/2023, que añadió al artículo 10 el llamado olvido oncológico en los seguros de vida, y la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que modifica la disposición adicional cuarta sobre no discriminación por discapacidad y entrará en vigor el 23 de octubre de 2026.
¿Qué pasa si la empresa no declaró algo en el cuestionario? Si hubo reserva o inexactitud, el asegurador puede rescindir en un mes desde que la conoce y, si el siniestro ocurre antes, reducir la prestación en proporción a la prima que habría cobrado. Con dolo o culpa grave queda liberado. Si la circunstancia no estaba en el cuestionario, la empresa no tenía que declararla (art. 10).
¿En qué plazo hay que comunicar un siniestro a la aseguradora? En siete días desde que se conoce, salvo que la póliza fije un plazo mayor (art. 16). El retraso no hace perder la cobertura, pero permite al asegurador reclamar los daños y perjuicios que le cause.
¿Cuánto tiempo hay para reclamar a la aseguradora? Dos años en los seguros de daños, incluida la responsabilidad civil, y cinco en los seguros de personas (art. 23). El cómputo y su interrupción dependen de cada caso.
¿Puede la aseguradora negarse a pagar al perjudicado porque la empresa incumplió la póliza? Por regla general, no. La acción directa del artículo 76 es inmune a las excepciones que el asegurador tenga frente a su asegurado. Podrá oponer la culpa exclusiva del perjudicado y sus excepciones personales frente a él, y repetir contra el asegurado si el daño se debió a su conducta dolosa.
Fuentes y normativa
- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (texto consolidado, última actualización publicada el 03/10/2026), artículos 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 30, 38, 44, 68, 73, 76 y 107, y disposición adicional cuarta.
- Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, artículo 11 (grandes riesgos).
- Resolución de 17 de junio de 2022, de la DGSFP, que actualiza los importes del artículo 11 de la Ley 20/2015 a 6.600.000 y 13.600.000 euros (efectos desde el 19 de octubre de 2022).
- Ley 4/2026, de 1 de octubre, que modifica la disposición adicional cuarta de la Ley 50/1980.
- Real Decreto-ley 5/2023, que modifica el artículo 10 de la Ley 50/1980.
- Código Civil, artículos 1964.2 y 1968.2.
- Ley 29/2002, primera ley del Código civil de Cataluña, artículos 121-20 y 121-21.d).
Esta información es orientativa y no constituye asesoramiento vinculante. Las coberturas, límites y exclusiones se rigen en todo caso por las condiciones particulares de cada póliza. New Brokers Correduría de Seguros, S.L., inscrita en el registro de la DGSFP con la clave J0140.
